Posts Tagged ‘prevaricación’

Baltasar Garzón y el caso de las escuchas Gürtel: El Tribunal Supremo rechaza el recurso de nulidad, abriendo el camino al Tribunal Constitucional

Monday, March 26th, 2012

En España, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de nulidad de las actuaciones en el caso de las escuchas Gürtel, presentado por Baltasar Garzón, abriendo el camino al recurso de Garzón antes el Tribunal Constitucional. 

Véase Julio M. Lázaro, “El Supremo rechaza el recurso de nulidad de Garzón contra su condena; La Sala Penal niega que tuviera “una idea preconcebida” en contra del acusado; La desestimación abre la vía al recurso de amparo ante el Constitucional,” El País, el 23 de marzo de 2012.

Con la elección del Partido Popular en noviembre de 2011, los paraceres de los fiscales–quienes antes apoyaban las posiciones de Garzón–han cambiado. De hecho, los fiscales ya no son los mismos.

Anteriormente, en conferencia de prensa, el Fiscal General del Esado, Eduardo Torres-Dulce, habia dicho que seguiría las recomendaciones de los procuradores adjuntos a la Sala Penal en cuanto a recurrir la sentencia contra Baltasar Garzón en el caso de las escuchas Gürtel, o no:

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, manifestó este martes que está a la espera de que la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo le notifique su posición sobre si se debe recurrir la sentencia que ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación como juez por las escuchas de Gürtel, y “en caso afirmativo”, añadió el fiscal general, “no habrá ninguna pega”.

Pero después del reemplazo del jefe de la sección adjunta a la sala penal, Torres-Dulce decidió no recurrir la sentencia.

En el intervalo, el procurador adjunto a la Sala Penal fue reemplazado por otro nuevo mas simpático al PP, quien anunció–casi sin tener tiempo para estudiar el expediente–que no apelaría la sentencia. Torres-Dulce, también nombrado por la corriente de la magistratura cercana a la PP, pudo así cumplir con su palabra–en el sentido estricto de la artimaña.

Parece que en el Supremo y ahora también con los procuradores del Partido Popular, no hay vergüenza.

El prestigio de la magistratura española debe estar en uno de sus puntos más bajos desde Franco.

El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación–del PP–José Manuel García Margallo, busca ahora salvar la marca España de la mancha negra creada por la actuación del Tribunal Supremo en los casos contra Garzón.

Según ha podido confirmar EL PAÍS, todas las embajadas españolas han recibido en las últimas dos semanas una circular, de carácter secreto, sobre el caso Garzón.
–Véase Miguel Gonzáles, “Exteriores instruye a los embajadores para justificar la condena a Garzón; Exteriores remite a todas las delegaciones una circular con instrucciones,” 11 de marzo de 2012.

Para los interlocutores de los embajadores españoles en el exterior, se recomiende que consulten los artículos del Observador Incisivo o los artículos más extensos de El País, para entender bien lo que occurrió con los casos contra Garzón, especialmente con la sentencia en el caso de las escuchas Gürtel.

El Observador Incisivo
(The Trenchant Observer)

observer@trenchantobserver.com
www.twitter.com/trenchantobserv

El acoso al Juez Garzón: Caso de los gastos para los cursos de la Universidad de Nueva York archivado por prescripción

Monday, February 27th, 2012

El juez Balatasar Garzón ha sido, en efecto, absuelto por los cargos contra él en el caso del los gastos de Nueva York. Los reportajes y comentarios que siguen son claros y contundentes:

“Porque Marchena, aunque no son los hechos probados de una sentencia, da por acreditado que Garzón cometió un delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, del que tras el archivo ya no puede defenderse.”
–Natalia Junquera, “Dívar defiende en el Congreso la “honestidad” de los jueces del Supremo: El presidente del Poder Judicial responde a las críticas de los diputados de izquierdas a la condena a Garzón y el PP dice que habría que castigarlas,” El País, 13 de febrero de 2012.

–José Yoldi, “El juez archiva por prescripción la causa de Garzón por los cursos de Nueva York: El fiscal consideraba que los hechos no eran constitutivos del delito de cohecho pasivo impropio,”El País, 13 de febrero de 2012.

–Julio M. Lázaro, “El fiscal general no ve cohecho en los cursos y estudia recurrir por las escuchas,” E País, 14 de febrero de 2012.

Es de especial relevancia notar que el juez Marchena formaba parte de la sala que condenó a Garzón por prevaricación en el caso de las escuschas Gürtel. Los intentos de Garzón de recusarlo fueron rechazados.

El magistrado Manuel Marchena también forma parte de ese mismo tribunal que condenó a Garzón y es el instructor de la causa por el cobro de los cursos de Nueva York. Justamente ayer, después de dos años de investigación y con Garzón ya condenado por las escuchas de la Gürtel, Marchena dictó un auto archivando la causa por prescripción. “Marchena es un perfecto ignorante y tiene una absoluta mala fe”, dijo Jiménez Villarejo, después de recordar que el fiscal había invocado reiteradamente la prescripción de la causa y no se le hizo caso. Durante este tiempo, dijo Villarejo, “Marchena ha interrogado e investigado de manera humillante el patrimonio de Garzón y su familia para acabar concluyendo que el supuesto delito está prescrito, lo que ya se sabía desde el principio”, apostilló el exfiscal anticorrupción.

En su opinión, el Tribunal Supremo español es “un ejemplo de la mala fe que vulnera las leyes fundamentales del Estado”, porque Garzón ha sufrido una “persecución sistemática y perfectamente orquestada” desde ese tribunal. “Ha sido planificada y calculada al milímetro”, dijo Jiménez Villarejo, después de recordar cómo se alteró el calendario lógico de los juicios para poder celebrar primero el caso de las escuchas de la Gürtel a pesar de que la instrucción de los crímenes del franquismo estaba concluida mucho antes.

Pere Ríos, “Varela no investigó la Operación Nécora y Marchena es un ignorante: El exfiscal Jiménez Villarejo censura con dureza a dos jueces que condenaron a Garzón, El País, 14 de febrero de 2012.

Otro comentario agudo es ofrecido por José María Izquierdo,

El juez Marchena quizá padezca –pobrecillo- un grave problema de discalculia, que ya saben que es una menor maduración a nivel cerebral de las áreas relacionadas con el procesamiento numérico. Porque no es fácil entender que sea ahora cuando se dé cuenta de la prescripción. Porque él bien sabía, desde un primer momento, hace más de un año, lo que él mismo recoge en la sentencia. A saber: “El último de los pagos efectuados por el BBVA se realizó con fecha 17 de mayo de 2006. La querella entablada por la acusación popular y que dio origen al presente procedimiento fue presentada con fecha 12 de junio de 2009, es decir habiendo transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos, por tanto, rebasando ya el plazo prescriptivo”. Da igual. Mientras, hemos podido echar paletadas de zulla, bostas y chirles sobre la espalda del juez felón. Si además hacemos un auto contando todas nuestras apreciaciones, y rechazamos una por una todas las pruebas que intentó presentar la defensa, estamos en buena línea para poder escribir este párrafo: “Por cuanto antecede, procede declarar prescritos los hechos denunciados y que han sido calificados [¡por él mismo!] como constitutivos de un delito de cohecho impropio del artículo 426 del CP”. Y justo a continuación, lo siguiente: “No ha lugar a la apertura del juicio oral”.
–José María Izquierdo, “Cautivo, desarmado y prescrito,” El País, 14 de febrero de 2012 (Ojo de Izqierdo blog)

No hay nada que agregar.

***

Finalmente, cabe señalar que Torres-Dulce fue también removido de su cargo en 2005 como resultado de un cambio de gobierno, lo que da lugar a una cierta esperanza que sea especialmente sensível en casos en los cuales se hubieren entrado móviles políticos o personales.

Véase Archivo, “Conde-Pumpido releva al fiscal del Supremo que lleva casos de aforados: El fiscal general sustituye a Eduardo Torres-Dulce con el voto en contra del Consejo,” El País, 8 de junio de 2005.

El Observador Incisivo

(The Trenchant Observer)

observer@trenchantobserver.com
twitter.com/trenchobserv

Críticas a la sentencia del Tribunal Supremo contra Garzón en el caso Gürtel; decisión del Fiscal General de apelar o no

Saturday, February 18th, 2012

Dada la importancia de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Gürtel, que bien podría ser el único caso de condenación de Baltasar Garzón, de las tres querrellas presentadas contra a él, cabe una análisis profunda de cada pormenor de la decision del Tribunal Supremo.

Aquí se va a reunir algunas preguntas e ejemplos de las críticas a la sentencia del Tribunal Supremo contra Garzón en el caso Gürtel, por la cual ha sido condenado de 11 años de inhabilitación, poniendo fin a su carrera.

Análisis Críticos de la Sentencia contra Garzón en el caso Gürtel:  Artículos

Entre los análisis críticos de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Gürtel, se destacan los siguinetes:

Ángeles Vázquez, “Los argumentos de Garzón que no escuchó el Supremo: El tribunal despacha en cinco páginas los argumentos del magistrado y algunos ni siquiera los rebate,” Público.es, 12 de febrero de 2012

[Lista a ser ampliada]

Detalles jurídicos de la sentencia que son de especial importancia

Desafortunadamente, es necesario entrar bastante en los detalles juridicos para apreciar los defectos graves de la sentencia.

Pero el esfuerzo es muy importante, porque si Garzon es absuelto en el caso de la memoria histórica, visto que el TS ya clausuró el caso de los gastos de Nueva York, su inhabilitación resultaria unicamente de su condena en el caso de las escuchas Gürtel.  De esta forma, el Tribunal Suprema habría logrado acabar con Garzon casi sin trazos, escondiéndose detrás de una sentencia sumamente técnica en el caso de las escuchas Gurtel.

(1)  El significado del las palabras “por autoridad judicial” en el artículo 151.2 de la Ley General Penitenciaria

Una cuestión preliminar es la siguiente:

Si es cierto que el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria dispone lo siguiente:

“2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

no es igualmente cierto que la orden para intervenir las comunicaciones entre los reos y sus abogados en el caso Gürtel emanó de una autoridad judicial, es decir del juez Baltasar Garzón? No es igualmente óbvio que se habla de dos casos: 1) por orden de la autoridad judicial; y 2) en los supuestos del terrrorismo?

Del punto de vista de la defensa de la sociedad contra los criminales, e incluso los responsables de un blanqueo de capitales y una red de corrupción, no es ésta la interpretación más adecuada del artículo 151.2?

Obviamente, si la órden cumplía com lo requerido por el artículo 51.2, cómo podría ser acto constitutivo del delito de prevaricacón?

Por cierto el Tribunal Constitucional en su Sentencia STC 183/1994, de 20 de Junio de 1994, al rechazar el recurso de amparo de un reo sospechado de terrorismo, habló en forma de obiter dictum de que los dos casos de 1) orden por autoridad judicial y 2) en casos de terrorismo eran cumulativos. Pero el TC interpretó el art. 151.2 de esta forma para rechazar el argumento de que en casos de terrorismo no era necessario la orden de autoridad judicial, es decir, aún en casos de terrorismo se requiere la orden de la autoridad judicial.

Sobre este particular, véase el artículo de Ángeles Vázquez, citado arriba.

En el caso de Garzón, apoyado por el texto mismo de la ley, no sería aún en el peor de los casos una alegada prevaricación bajo el artículo 447 del Código Penal, que reza así:

Artículo 447.

El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

(2)  El efecto vinculante de la jurisprudencia

Otro aspecto importante de la sentencia contra Garzón en el caso Gürtel es el hecho que el TS hizo hincapié en su opinión de que la jurisprudencia estaba clara en la interpretación del artículo 151.2, desestimando el hecho que el Tribunal Constitucional en 1983 había aceptado la interpretación de Garzón del artículo. Los jueces del TS calificaron esta sentencia como obiter dictum, es decir no vinculante a los jueces, y citaron a sentencias posteriores que habían “rectificado” la interpretación.

Pero España no es un país del principio general de la jurisprudencia vinculante, como los paises anglosajones con su principio de stare decisis. El Código Civil contiene las normas sobre las fuentes de derecho y su interpretación, donde habla de la jurisprudencia en forma general como una fuente del derecho supletório. Cabe examinar también las sentencias de TS en que afirma que sentó jurisprudencia con efecto vinculante, de acuerdo con el Código Civil artúclo 1.6.

Artículo 1
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado , establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

Así que existen preguntas muy profundas sobre la cuestión de si el Juez Garzón estaba vinculado a las interpretaciones del Artículo 151.2 por el Tribunal Constitutional (ver arriba, caso de 1994 de obiter dictum), o por el mismo Tribunal Supremo (Ver sentencias TS 245/1995 y 538/1997, citadas por Ángeles Vázquez, abajo).

La Ley de Enjuiciamento Civil de 2000 puede haber complicado el escenario de la jurisprudencia vinculante en materia civil, pero siempre habría que pensar en que aquí se trata de un delito y de materia penal.

Todo eso llega a ser muy complicado, pero no es acaso un principio del derecho penal y del derecho constitucional de España que las dudas se resuelven a favor del inculpado?

¿Es práctico y realista exigir a los jueces que tengan presente, en todo momento, toda la jurisprudencia sobre la interpretación de una norma de ley, sob pena de ser inhabilitados por 10-20 años?

¿En que país, en que realidad viven los jueces del TS?

En efecto, han concdenado a un juez por prevaricación bajo el artículo 446.3 del Código Penal por aplicar la ley con una interpretación que fue aceptado por el Tribunal Constitucional en 1983, bien que el TC interpretó el art. 151.2 en otro sentido en 1994 para insistir en la aprobación de la autoridad judicial aín en los supuestos del terrorismo. Además, el juez que siguió a Garzón en el caso Gürtel aceptó la misma interpretación, mientras otros jueces han intervenido las comunicaciones entre abogados y reos en otros casos, aplicando criterios que apoyan los argumentos de Garzón. 

El Observador, quien no es experto en el derecho penal e procesal español, agradecería qualqier explicacacón con respecto a las cuestiones anteriores, sea por medio de comentario aquí abajo sea por e-mail dirigido a la dirección abajo.

Decisión de apelar o no la sentencia por parte del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce

La decisión más crítica en España en estos días es la que tomará el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de apelar o no la sentencia contra Garzón en el caso Gürtel. El Procurador General en una conferencia de prensa el 13 de febrero expresó lo siguiente:

Respecto a si el Ministerio Público está pensando recurrir la sentencia por la que el Supremo condenó a once años de inhabilitación a Garzón por ordenar las escuchas del “caso Gürtel” la semana pasada, ha subrayado que la Fiscalía del Alto Tribunal está “valorando esa posición”. Y, en el caso de ser positiva, no pondrá “ninguna pega en absoluto, como no lo hubiera puesto jamás en el caso Gürtel porque son posiciones coherentes con la posición procesal del Ministerio Fiscal”, ha destacado. Se ha referido de esta forma a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no recurrir ante el Tribunal Supremo el veredicto del tribunal del jurado, que el pasado 25 de enero absolvió al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al exsecretario regional del PP Ricardo Costa del delito de cohecho impropio por aceptar supuestamente regalos de la trama Gürtel. Por ello, ha defendido que cada fiscal o encargado de un caso pueda tomar las decisiones que considere correspondientes y que él piensa respetar “en términos generales” con la “discrepancia que en algún momento pudiera existir”, en cuyo caso, ha proseguido, respetará la decisión.

–ElPlural.com, 14 de febrero de 2012

El País también reporto lo siguiente:

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, manifestó este martes que está a la espera de que la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo le notifique su posición sobre si se debe recurrir la sentencia que ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación como juez por las escuchas de Gürtel, y “en caso afirmativo”, añadió el fiscal general, “no habrá ninguna pega”. Torres-Dulce señaló que el único recurso que podría intentarse es el de nulidad de actuaciones, en el que se tengan en cuenta los derechos fundamentales vulnerados, porque la otra vía apuntada por la defensa de intentar un recurso a la Sala Especial del artículo 61 no está prevista.

–Julio M. Làzaro, “El fiscal general no ve cohecho en los cursos y estudia recurrir por las escuchas; Torres-Dulce expresa su satisfacción por el archivo de la causa de los cursos; Está a la espera de la sentencia de inhabilitación para ver si se han vulnerado derechos,” El País, 14 de febrero de 2012.

Aunque Eduardo Torres-Dulce sólo asumió su cargo recientemente, nombrado por el gobierno del Partido Popular, cabe mencionar que él fue removido de su puesto en 2005 como resultado de un cambio de gobierno, y debe guardar alguna memoria del sabor de la ingerencia de los políticos en la administración de justicia.

Además, es un conocido crítico del cine, con libros publicados. En los próximos días, podría beneficiarse bastante por ver una vez más la película de Costa-Gavras de 1969, “Z“.

El Observador Inciso
(The Trenchant Observer)

observer@trenchantobserver.com
www.twitter.com/trenchantobserv

Garzón convicted by Supreme Court in Gürtel wiretap case

Thursday, February 9th, 2012

Spanish Judge Baltasar Garzón has been found guilty of prevaricación in the Gürtel wiretapping case, for willfully and knowingly violating the law by ordering the interception of conversations between the Gürtel defendants and lawyers who visited them in jail.

The sentence of 11 years disqualification from any judicial or comparable office will end Garzón’s career at the Audiencia Nacional in Spain.

The Supreme Court’s conviction of Garzon for prevaricación (willful decision against justice, i.e., to violate the law) in the Gürtel case appears to rest, at bottom, on a finding that there was no evidence against the specific lawyers whose conversations with defendants in jail were intercepted as a result of Garzon’s orders approving the wiretapping.  His orders were in fact issued before some of the lawyers were selected.

Garzón argued that those orders were issued on the basis of suspicions the police, the prosecutors and ultimately he, the investigating judge, had that the Gürtel defendants were using their lawyers to continue committing crimes including money laundering, from jail.

The court found no evidence of criminal behavior in the record to justify those suspicions against the specific lawyers named in the private action.  Earlier, the court had refused to admit evidence proposed by Garzón.

See Tribuanl Suprema, Sala de lo Penal, “Sentencia No. 79/2012,” Causa Especial No. 20716/2009, 09/02/12.

For full reporting on and reactions to the case, see El País, 9 de febrero de 2019.

After taking two years to process the case, and then rushing to make sure it was heard before the “historical memory” case which has just concluded and is awaiting judgment, the Supreme Court produced an intricate and tightly reasoned opinion in 17 working days after the conclusion of the final hearing on January 19–an extraordinary feat given the exhaustive references to the Court’s case law contained in the judgment.

One crucial fact is that the Public Prosecutor’s Office (la Fiscalía) supported Garzón’s positions throughout the case. This fact is hard to square with the Court’s conclusion that no reasonable legal interpretation could support Garzón’s order to initiate the wiretaps, as is the fact that another judge subsequently reached the same conclusion as Garzón when he extended the wiretaps.

Lawyers, law professors, and journalists will now pore over the court’s opinion, and much critical analysis will follow.

A key factual issue which the Court resolved, without hearing all of Garzon’s proffered evidence, was whether there were reasonable indicia of continuing criminal activity by the Gürtel defendants and their lawyers, operating from jail. The court’s argument that the evidence had to be against specific lawyers, when some of them had not yet been selected, raises questions.

An important legal issue is whether Garzón reached the correct decision in ordering the wiretaps. If he did not–and a panel held earlier that his decision should be overturned–he would be guilty of making a judicial error. In itself, that is not a career-ending offense.

Signficantly, as noted above,  the wiretaps were ordered to be extended twice, by at least one other judge, after Garzón’s involvement in the case ended. Whether the other judge will now be charged with prevaricación is unknown.

The critical legal and factual issue on which the case ultimately turned was whether Garzón willfully decided to order the wiretaps, knowing that there was no reasonable legal interpretation which could justify his decision. The Supreme Court found that there was no such interpretation, and that Garzón knowingly decided to act against the law.

These issues will remain hotly disputed, as Garzón appeals his conviction, possibly to the Constitutional Court in Spain, and ultimately to the European Court of Human Rights in Strasbourg.

The Trenchant Observer

observer@trenchantobserver.com

www.twitter.com/trenchant

For earlier articles on the Garzón case, please use the Search Box on the main page which, if you are not already there, can be accessed by clicking on “The Trenchant Observer” at the top of this page.  Articles have been published in both English and Spanish.

Los casos contra Garzón: Las cuestiones prévias en el caso de la memoria histórica

Tuesday, January 24th, 2012

En la sesión de hoy, 24 de enero, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos de la fiscalía, la defensa, e de los querrellantes en torno a las cuestiones prévias, que se deben dilucidarse antes de entrar en el fondo del juicio contra Baltasar Garzón por prevaricación relacionado con “el caso de la memoria histórica”.

Dos de las cuestiones prévias podrían llevar al sobreseimiento de este caso. La primera es la acusación de que Luciano Varela, el juez quien instruyó la causa, violó las más básicas normas de la imparcialidad judicial cuando en lugar de rechazar una demanda viciada e incompleta, ayudó a los querellantes corregir sus defectos. Los detalles alegados de como lo hizo parecen ser escandalosos.

La segunda cuestión prévia se gira alrededor de la doctrina Botín del mismo Tribunal Suprema, segón la cual el Tribunal no debe conocer una causa que no cuenta con el apoyo de la fiscalía.

Al oír los argumentos, el Tribunal Supremo suspendió el proceso por una semana mientras llegue a las decisiones correspondientes sobre las cuestiones prévias. De aceptar cualquiera de las dos, el caso se clausurá, dejando a Garzón a la espera de la decisión del Tribunal Supremo en el caso de “las escuchas Gürtel”.

Para los últimos reportajes, véase, por ejemplo:

Julio M. Lázaro, “El fiscal y Garzón exigen la nulidad de la “insólita” instrucción de Varela: Durísimo informe de la fiscalía contra la acusación admitida a Manos Limpias,” El País, 24 de enero de 2012.

Lázaro cita al fiscal Luís Navajas, quien declaró lo siguiente:

“En mis 36 años como fiscal, jamás había visto una resolución parecida, ni en el fondo ni en la forma”, dijo sobre las indicaciones de Varela. Para el fiscal, fue una decisión “absolutamente insólita e insostenible” y la consecuencia fue “transmutar una acusación que no se sostenía” y sobre la que el juez del Supremo coadyuvó “a reconstruir lo que era absolutamente irreconstruíble”.

Véase tambíen,

N. Villanueva, “El fiscal defiende a Garzón y pide que la «memoria histórica» se zanje sin juicio: Arremete contra el instructor, Luciano Varela, por sentar al juez en el banquillo: algo «insólito e insostenible»,” ABC.es, 25 de enero de 2012.

Un comentario por Luis García Montero–quien es poeta, no jurista–sobre el significado más amplio de los casos contra Garzón, que él compara al caso Dreyfuss en Francia al fines del siglo 19, habla de la extrema partidarización de las justicia en España. Además comenta:

Hay situaciones que simbolizan el malestar de una época y, más allá de su significado particular, ponen el dedo en la llaga de un momento histórico. Así ocurrió a finales del sigo XIX con el juicio seguido en Francia contra el capitán Alfred Dreyfus. La falsa acusación de espionaje y la condena a la isla del Diablo tuvo el apoyo decidido del nacionalismo violento y los poderes antisemitas, pero provocó la indignación de una parte de la sociedad, el sector más democrático y concienciado. El caso Dreyfus resumía las contradicciones y las mentiras de la Tercera República francesa.

Ocurrió lo mismo con los debates provocados en España a partir de 1921 por el Desastre de Annual. La tragedia y su polémica pusieron al descubierto no ya las corrupciones dentro de la monarquía de Alfonso XIII, sino la corrupción misma de un régimen fundado en la manipulación de la voluntad popular y en la distancia entre la España oficial y la España real.

Los juicios contra Baltasar Garzón representan un acontecimiento parecido….
….
Aquí no se discute si Baltasar Garzón es simpático o antipático, si resolvió bien o mal en un caso del pasado o si nos parecen oportunos los jueces estrella. Se discute si actuó como prevaricador en las instrucciones del caso Gürtel o en la causa contra los crímenes del franquismo. La opinión de numerosos juristas nacionales e internacionales defiende las interpretaciones del juez Garzón. Esa es la prueba evidente de que no existe delito de prevaricación, sino una forma posible de interpretar la ley.

¿Qué ocurre entonces? El Poder Judicial español descansa en la misma inercia bipartidista que el juego político. No participar de la disciplina de los unos o los otros, como caras de un sistema de control, significa quedarse a la intemperie. El bipartidismo –yo coloco a los míos y tú a los tuyos– ha generado familias de poder que se autoalimentan y actúan de acuerdo con sus rencores profesionales.

Aunque la Fiscalía y los mandos policiales avalan sus actuaciones contra una trama vergonzosa de corruptos, Baltasar Garzón parece condenado. El descrédito nacional e internacional de la Justicia española es un síntoma. Vivimos en un reino degradado, con una memoria y unas instituciones degradadas. La prevaricación es nuestra propia realidad. Somos una mentira. Damos risa.

–Luis García Montero, “Dreyfus, Annual y Garzón,” Blog “La realidad y el sueño”, Público.es (blogs), 22 de enero de 2012.

El Observador Incisivo
(The Trenchant Observer)

observer@trenchantobserver.com
www.twitter.com/trenchantobserv

Véase otros artículos de Observador Incisivo sobre el Caso Garzón, entre ellos los siguientes:

The legal essence of the cases of “prevaricación” against Baltasar Garzón
January 20, 2012

Complaint before U.N. Special Rapporteur alleges U.S. judicial interference in Garzón torture cases in Spain
January 19, 2012

The Baltasar Garzón Case: In Spain, justice itself is on trial
January 17, 2012

¡Que pena para España! Los casos contra Garzón llegan al juicio
16 de enero de 2012

Tribunal Supremo de Justicia rechaza apelación de Garzón para ordenar pruebas; quedan pendientes otros recursos
21 de setiembre de 2010

The legal essence of the cases of “prevaricación” against Baltasar Garzón

Friday, January 20th, 2012

The most essential legal aspect of two of the cases against Baltasar Garzón, the case relating to the Gürtel network wiretaps (las escuchas Gürtel) and the case relating to “historical memory”, is often obscured by a focus on whether Garzón made the right decisions in these cases, or not.

That aspect is the nature of the judicial error he is accused of committing. It is not unusual for judges to reach decisions that prove to be erroneous when reversed on appeal by a higher court. This is the normal way control of legality and of the actions of judges is maintained.

But what is involved in the Gürtel network case and the “historical memory” case is something altogether different. These cases involve private criminal actions brought by the accused in the Gürtel case and by two right-wing groups in the “historical memory” case. Those who disagree with the judge’s previous decisions are now having their day in court–against the judge–in criminal actions which they themselves have brought.

The nature of the charge is signficant: prevaricación, willful decision against justice.

As the Spanish Supreme Court proceeds to deliberate and issue a decision in the Gürtel network case, after three days of an oral trial at the Court, it is useful to closely reread the texts of Articles 446 and 447 of the Spanish Criminal Code, which are the provisions the criminal action against Garzón are based on. Then, after analyzing carefully the text of the law, the reader can decide whether prevaricación has been committed or is being committed in the case, and by whom.

The following analysis is reproduced from The Trenchant Observer, “Garzon’s Accusers are Accused: Abuse of Judicial Power in Garzón Case is Stain on Spanish Judiciary, “The Trenchant Observer, April 13, 2010.

With respect to the case against Garzón, it is not an overstatement to say that the entire Judiciary in Spain is on trial.

It is difficult to comprehend how the Supreme Court of Spain has rejected earlier appeals by Garzón to halt the proceedings. Judge Varela, according to reports in El País, has jumped the gun by characterizing the facts in dispute as constituting the more serious of two possible crimes which the alleged facts could even conceivably have constituted.

The first crime is that of Intentional Unjust Decision (Prevaricación) under Article 446.3 of the Spanish Criminal Code, which provides:

Article 446

The Judge or Magistrate who, knowingly, shall issue a decision or resolution that is unjust shall be punished:

1) With sentence of from one to four years imprisonment in the case of an unjust judgment against the accused in a criminal case for a felony when the sentence has not yet been executed, and with one and a half times the same sentence if the judgment has been executed. In both cases there will be imposed the additional punishment of absolute disqualification for a period of 10 to 20 years.

2) With the sentence of a fine of six to 12 months (wages) and special disqualification from public employment or office for a period of six to 12 years, in the case of an unjust judgment issued against a defendant in the case of a midemeanor (falta),

3) With the sentence of a fine of 12 to 24 months (wages) and special disqualification from public employment or office for a period of 10 to 20 years, when he issues any other decision or resolution that is unjust.

The second crime is that of Grossly Negligent Unjust Decision (Prevaricación) under Article 447 of the Criminal Code, which provides:

Article 447

The judge or magistrate who, by gross imprudence or inexcusable ignorance (imprudencia grave o ignorancia inexcusable), shall issue a decision or resolution which is manifestly unjust shall incur the punishment of special disqualification from public employment or office for a period of from two to six years.

Given the clear precedents that exist in international law, including a judgment by the European Court of Human Rights in 2003 upholding the French conviction of Ely Ould Dah of Mauritania for torture despite the fact that he was not present at the trial and despite a law of amnesty in Mauritania, it is difficult to see how the Spanish Supreme Court could reject the appeal of the denial of Garzon’s motion for dismissal, as they in fact did.

Whether Baltasar Garzón’s decisions were correct or not in accordance with Spanish law is a matter for the Spanish courts, and ultimately the European Court of Human Rights, to decide. The European Convention on Human Rights is itself part of Spanish constitutional law.

Appealing the decisions of a judge on legal grounds is a correct and proper way to express disagreement with a decision, within a democratic state governed by law.

Criminally prosecuting the judge who is the author of that decision in an attempt to end his career, is quite something else.

A travesty of justice has already occurred, at two levels: first, the order of prosecution by Judge Luciano Varela, and second, the decision of the Supreme Court to deny Garzon’s appeal of Varela’s denial of his motion for dismissal.

How long this travesty of justice continues will tell us a lot about the Spanish judiciary and the individuals who currently hold the highest judicial offices in Spain.

The idea that a European judge could have his career in effect ended by the machinations of fellow judges against him, for ordering the investigation of where victims of crimes against humanity (forced disappearances and presumed executions) are buried, is a stain on the Spanish Judiciary, which will remain until Garzón is cleared of these charges and any other charges of a similar nature.

Should the Spanish courts persist in failing to rectify this obvious abuse of judicial power, that stain will ultimately be sealed in history with a judgment against Spain by the European Court of Human Rights.

*****

While the analysis above refers to the “historical memory” case, it applies equally to the Gürtel network case, which was tried in the Supreme Court on January 17, 18 and 19, 2012. We are awaiting the decision in that case.

The trial of Garzón for prevaricación in the “historical memory” case begins next week, on January 24.

Stay tuned.

The Trenchant Observer

E-mail: observer@trenchantobserver.com
Twitter: www.twitter.com/trenchantobserv

See also The Trenchant Observer, “The Baltasar Garzón Case: In Spain, justice itself is on trial,” January 17, 2012 (updated January 20, 2012).

The Baltasar Garzón Case: In Spain, justice itself is on trial

Tuesday, January 17th, 2012

“The Supreme Court of Spain should deserve our respect. What we now appear to see is a court populated by kangaroos, full of malicious and evil intent.

But then the law, and the demand for justice, sometimes produce miracles.

The members of the Spanish Supreme Court are sworn to uphold justice, and have spent their careers pursuing a calling whose end is justice. They may yet respond to the age-old and deeper call for justice, correcting the grave deficiencies in the proceedings to date against Garzón, by reaching a just verdict in both the Gürtel network and the “historical memory” cases. Failure to aquit Garzón in either would constitute a true case of prevaricación.

The brighter the lights on these nefarious proceedings, the louder the critical analysis and the more outspoken the criticism, perhaps the greater the odds will be that such a miracle may still occur in the case of Baltasar Garzón.”

In a kind of perfect storm orchestrated by the Criminal Chamber of the Supreme Court of Spain, two of the three cases that have been brought against Investigating Judge Baltasar Garzón of the Audiencia Nacional are coming to trial this week and next. After sitting on the cases for two years, the honorable justices of the Supreme Court appear to have decided to maximize the stress on Garzón and his lawyers by trying him in both cases practically at the same time.

For reports of the cases against Garzón and the first day’s proceedings in the so-called Gürtel Wiretap cases (las escuchas Gürtel), see

“Baltasar Garzon, famed for inquiries into abuses in Spain and Latin America, faces charges of abusing judicial powers, Al Jazeera (English), January 17, 2012 (TV report).

El Observador Incisivo (The Trenchant Observer), “¡Que pena para España! Los casos contra Garzón llegan al juicio,” 16 de enero de 2012. This article may be translated into English using Google Translate, for a pretty good machine translation.

First impressions from today:

To hear this vigorous man speak in a raspy and stress-filled voice in the opening moments of the trial was to appreciate in an instant the enormous human toll that has been extracted from him by the Spanish state, acting through its judiciary. No matter how courageous the judge or defendant, the power of the state is always awesome and, without the defense of the law in action, it can easily crush anyone.

The cases against Garzón, which the Trenchant Observer has been following for over two years, seem to represent an evil attempt to destroy him for being a courageous judge — one willing to expose the immense corruption of the Partido Popular by the Gürtel gang or network, one willing to touch upon–ever so slightly–the massive crimes committed by Franco and his government up until his death on November 20, 1975.

By coincidence, exactly 37 years later to the day, the Partido Popular won parliamentary elections resulting in the ascension of Mariano Rajoy to the position of president of the government (roughly equivalent to prime minister).

There is an interesting U.S. angle to Garzón’s tribulations as well. Garzón authorized investigations into the torture of two Spanish nationals at Guantánamo, and also was poised to investigate six lawyers in the Justice Department and the White House responsible for the architecture of the torture policy of the Bush administration. According to Wikileaks cables, the U.S. intervened with the Spanish government, exercised presssure, and Gárzon was removed from these cases.

See Carlos Yárnoz, “US Embassy conspired to derail cases in Spain’s High Court:
Wikileaks reveals that prosecutors kept diplomats abreast of their legal strategies, with Washington lawmakers also intervening,” El País, November 30, 2011 (English edition);

In October, 2009, the Spanish government secured the amendment of the law to eliminate the exercise of “universal jurisdiction” over the authors of crimes like torture.

So, at the very least, the U.S. signaled to Spain that it wanted to eliminate Garzon’s participation in these cases. Whether that amounted to a green light to go after him and to take him out of action, and if so whether that has any bearing on the extraordinary lengths to which the Spanish Supreme Court has gone in order to end his career, has not been established. However, it seems like a plausible scenario.

See

Craig Whitlock, “Universal Jurisdiction': Spain’s Judges Target Torture: High-Ranking US Officials Among Targets of Inquiries,” The Washington Post, May 24, 2009.

José Yoldi, “Las Cortes recortan la jurisdicción universal,” El País, 16 de octubre de 2009

Jesús Duva, “Bajo la lupa de EE.UU.: El antiamericano’ Garzón tuvo especial seguimiento; La Embajada consideraba al magistrado un personaje incómodo y presionó para acabar con la jurisdicción universal,”El País, 2 de diciembre de 2010. (A number of U.S. cables relating to Garzón and released by Wikileaks are reproduced in the December 2, 2010 edition of El País.)

See also Amy Goodman, “Spanish Judge Baltasar Garzón on Holding Torturers Accountable, Why He Opposes the Killing of Osama bin Laden, and His Threatened Ouster from the Bench,”Democracy Now, May 12, 2010.

Manifiesto–Plataforma de Apoyo al Juez Garzon, www.congarzon.com

Europe, the international community, and all advocates of the rule of law should keep bright lights shining on the proceedings underway in the Spanish Supreme Court.

These days will live in history, and may be cited as emblematic of a corrupt society in which the criminals succeeded in ending the career of the magistrate who ordered their detention, and/or the far-right parties reminiscent of Franco’s Spain succeeded in bringing a case against the judge who would have opened the first page in the historical record of the abuses committed under Franco. The plaintiffs were reportedly aided by the active assistance of the first-instance judge in preparing their case. He sits on one of the panels that will judge Garzón.

The Supreme Court of Spain should deserve our respect. What we now appear to see is a court populated by kangaroos, full of malicious and evil intent.

But then the law, and the demand for justice, sometimes produce miracles.

The members of the Spanish Supreme Court are sworn to uphold justice, and have spent their careers pursuing a calling whose end is justice. They may yet respond to the age-old and deeper call for justice, correcting the grave deficiencies in the proceedings against Garzón, by reaching a just verdict in both the Gürtel network and the “historical memory” cases. Failure to aquit Garzón in either would constitute a true case of prevaricación.

The brighter the lights on these nefarious proceedings, the louder the critical analysis and the more outspoken the criticism, perhaps the greater the odds will be that such a miracle may still occur in the case of Baltasar Garzón.

The Trenchant Observer

observer@trenchantobserver.com
www.twitter.com/trenchantobserv

¡Que pena para España! Los casos contra Garzón llegan al juicio

Monday, January 16th, 2012

¡Que pena para España!

Por cierto, el juez Garzón tendrá otras opciones de carrera atractivas en el futuro.
Parece igualmente cierto que su posición jurídica y honor profesional serán vindicados, eventualmente, por el Tribunal Européo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Pero en el entretanto España y los españoles pierden mucho.
Pierden el símbolo de la justicia, la imagen de la justicia que hubiere inspirado a futuros abogados, fiscales y jueces de España.
Pierden la esperanza que en el Tribunal Supremo sea la justicia y no los intereses personales de los jueces que aparezcan como determinantes en los fallos de la corte.
Pierden la esperanza que hoy, hoy día en España, en 2012, la corrupción por el poder será vencida por la ley, por la justicia, en un estado de derecho.

¡Qué pena!

Hay tres casos contra el Juez Baltasar Garzón que el Tribunal Supremo de España está por decidir en un futuro próximo. Según los comentaristas, que se basan en las actuaciones del los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo en los tres casos, Garzón será condenado en uno o más de los casos, así poniendo fin a su carrera de magistrado de la Audiencia Nacional.

El martes, 17 de enero, uno de los tres casos, el llamado caso de las escuchas Gürtel, se abre al juicio en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Garzón ordenó escuchas de conversaciones entre los reos y sus abogados en un gran caso de corrupción, con la sospecha de que los abogados estuvieren ayudando a los condenados a cometer delitos.

Desde la victória de Patido Popular (PP) en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, y la designación como Presidente del Gobierno de Mariano Rajoy el día siguiente, el caso de las escuchas Gürtel ha asumido aún más importancia, desde que se trate de la corrupción del gobierno de Valencia que era del PP. El caso es ináudito: una acción judicial patrocinada por los delincuentes de la Red Gürtel contra el juez quien les condenó, por corrupción del líder valenciano y líderes de otros provincias del Partido Popular, actualmente el partido en el poder en España.

Véase: Julio M. Lázaro, “Las escuchas de Garzón sobre Gürtel fueron avaladas por jueces y fiscales,” El País, 16 de enero de 2012;

Julio M. Lázaro, “La trama corrupta Gürtel sienta a Garzón en el banquillo del Supremo,” El País, 16 de enero de 2012;

Otro caso es el caso conocido como el caso de la memória hístórica, que ha sido examinado y comentado extensivamente aqui. Este caso se abre a juicio el 24 de enero de 2012.

Véase, del Observador Incisivo (The Trenchant Observer):

Cristina Almeida: Casos contra Garzón “más grave que el intento de golpe de Estado de 1981,″ 28 de junio de 2011;

The Struggle for Democracy in Bolivia, Spain, Tunisia, Egypt, Libya, Lebanon, Ivory Coast, and Iran, March 3, 2011;

Tribunal Supremo de Justicia rechaza apelación de Garzón para ordenar pruebas; quedan pendientes otros recursos, 21 de setiembre de 2010;

Análisis profundizado de los errores de Varela en el “Caso Garzón”, 20 de mayo de 2010. (Este artículo contiene una lista de los artículos anteriores de Observador Incisivo publicados anteriormente.)

Véase también:

Lydia Vicente, Alicia Moreno, y Javier Chinchón, “Tribuna: España y el déficit de justicia–El proceso sobre los crímenes del franquismo que abordó Garzón no fue una “ocurrencia” suya, sino una respuesta perfectamente sostenible a las peticiones de víctimas de graves violaciones de derechos humanos,” El País, 16 de enero de 2012.

El tercer caso se trata de los gastos de Garzón cuando daba un curso en la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York.

Véase Àngeles Vázquez, “Garzón detalla al juez el origen de los 160.000 dólares que cobró en Nueva York,” público.es, 12 de enero de 2012.

En los primeros dos casos Garzón está procesado por el delito de “prevaricación”, que es el delito de tomar una decisión judicial “contra la justicia”, es decir tomar una decisión contra la ley a sabiendas que viola la ley.

En los casos ante el Tribunal Suprema parecen existir hartos conflictos de intereses entre los jueces asignados a los diferentes casos. Elementos de prueba fundamentales propuestos por los abogados de Garzón han sido rechazados por los jueces, al aparecer sin justificación adecuada.

Esta historia de justicia se ha vuelto casí increíble. Pero los actos aparentemente prejudiciales de los jueces del Tribunal Supremo continúan, no obstante las intervenciones de la fiscalía en apollo a las posiciones de Garzón.

¡Que pena para España! ¡Que pena para los españoles, entre los cuales parece no haber ní políticos ní instituciones ní otros actores capaces de parar, pero ya, lo que desde afuera parece ser un claríssimo caso de burla de la justicia!

Por cierto, el juez Garzón tendrá otras opciones de carrera atractivas en el futuro.

Parece igualmente cierto que su posición jurídica y honor profesional serán vindicados, eventualmente, por el Tribunal Européo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Pero en el entretanto España y los españoles pierden mucho.

Pierden el símbolo de la justicia, la imagen de la justicia que hubiere inspirado a futuros abogados, fiscales y jueces de España.

Pierden la esperanza que en el Tribunal Supremo sea la justicia y no los intereses personales de los jueces que aparezcan como determinantes en los fallos de la corte.

Pierden la esperanza que hoy, hoy día en España, en 2012, la corrupción por el poder será vencida por la ley, por la justicia, en un estado de derecho.

¡Qué pena!

El Observador Incisivo
(The Trenchant Observer)

observer@trenchantobserver.com
www.twitter/trenchantobserv

Tribunal Supremo de Justicia rechaza apelación de Garzón para ordenar pruebas; quedan pendientes otros recursos

Tuesday, September 21st, 2010

El Observador Incisivo

El Tribunal Supremo de Justicia de España ha rechazado la apelación del juez Baltasar Garzón del auto de Luciano Varela que denegó su solicitud de presentar pruebas de expertos en el derecho penal y el derecho penal internacional, en el caso de “La Memoria Histórica”.

El estado de ánimo, la intención de Garzón en los momentos de abrir y dictar resoluciones en el caso de la memoria histórico, constituye el elemento primordial del delito de prevaricación del cual está acusado. Las pruebas solicitadas tendrían como objeto demostrar que lo que él creía ser ajustado al derecho español y al derecho penal internacional representaba una creencia razonable.

El hecho de que su creencia era razonable le hace más difícil al promotor comprobar que actuaba contra la justicia “a sabiendas”, esto en el caso del artículo 446 (3). En el caso del Artiículo 447, le haría muy difícil al promotor comprobar que la actuación de Garzón fuera “por imprudencia grave o ignorancia inexcusable” al dictar una “sentencia o resolución manifiestamente injusta.”

Jurídicamente, no se requiere que Garzón tuviera la razón absoluta en el caso del Artículo 446 (3). En el caso del Artículo 447, la resolución dificilmente podría ser “manifiestamente injusta” si otros expertos en la materia creían que era correcta, a menos que existiera jurisprudencia legal obligatoria sobre la cuestión.

El texto del Artículo 446 (3) del Código Penal establece:

TÍTULO XX.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
CAPÍTULO I.
DE LA PREVARICACIÓN.

Artículo 446.

El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:

1. Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

2. Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por falta.

3. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

El Artículo 447 del Códígo confirma que las palabras “a sabiendas” del Artículo 446 es más que “imprudencia grave o ignorancia inexcusable,” lo que está sancionado con inhabilitación especial de hasta seis años. El Artiículo 447 establece lo siguiente:

Artículo 447.

El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Véase The Tenchant Observer, “Se acusan a los acusadores de Garzón; el caso Garzón es una mancha en el Poder Judicial
de España,” 14 de Abril de 2010.

Así que, de un golpe, el Supremo deniega a Garzón elementos de prueba contundentes para establecer que era razonable lo que creía requerido por el derecho, y de ahí la falta de mala intención de su parte, en el momento de abrir y actuar en el caso de la memoria histórico.

Por lo demás, informa El País,

Es decir, que el tribunal quiere pronunciarse lo justito, porque los cinco magistrados que firman la resolución y que ya han resuelto cuestiones que afectan al fondo del asunto, quieren ser los que juzguen a Garzón por estos hechos. Varios magistrados de otros tribunales y catedráticos no se explican este empecinamiento de estos magistrados de la Sala Segunda en ser ellos los que juzguen a Garzón. Estas fuentes consideran que una eventual condena de Garzón de seguir este procedimiento sería anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de imparcialidad, ya que el tribunal que instruye no puede juzgar y esta Sala ha resuelto en apelación extremos que afectan al fondo del asunto, por lo que estarían claramente contaminados. Los citados magistrados y catedráticos no comprenden por qué el Supremo no designa a otros magistrados -la Sala la integran 15 jueces- para juzgar el caso y salvar el problema. Pero el caso es que son estos los que van a juzgar a Garzón.

–José Yoldi, “El Supremo rechaza las pruebas pedidas por Garzón para su defensa,” El País, el 8 de setiembre de 2010

Quedan pendientes, en tanto, otros recursos de Garzón relacionados al caso de la memoria histórico. Estos inclyen recursos de nulidad de las actuaciones, a los cuales no ha respondido el Supremo Tribunal de Justicia no obstante el largo tiempo transcurrido. Informa El País:

La Sala Segunda del Supremo llevaba cuatro meses sin resolver nada en este asunto desde que el juez instructor, Luciano Varela, notificó siete resoluciones en un mismo día.

Dos de los recursos fueron de nulidad de actuaciones planteados por el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, y a los que se adhirió el fiscal con un escrito con notoria contundencia. El letrado denunciaba que Varela había instruido a los querellantes Manos Limpias sobre la forma en la que tenían que presentar su escrito de acusación. Aunque retiraron varias páginas que habían sido literalmente copiadas de un auto de Varela, éste les indicó qué aspectos tenían que incluir en su escrito, lo que suponía una vulneración del principio de igualdad de armas en el proceso, ya que ayudaba a una de las partes en contra de otra.

El fiscal se adhirió a los recursos de apelación planteados por la defensa de Garzón en términos muy duros.

–El País, 8 de setiembre de 2010

Véase también “Garzón, más cerca de un juicio injusto,”
Nuevatribuna.es, 21 de setiembre de 2010.

Parece casi seguro, ahora, que los magistrados de la sala segunda penal del Tribunal Supremo de Justicia que denegaron las pruebas solicitadas por Garzón (Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo), y que han tardado tanto en fallar sobre los demás recursos de Garzón, pasarán a la historia como actores principales en este caso increíble.

No es una exageración afirmar que este caso riesga de convertirse en algo como el caso Dreyfus de España, pero ya a la altura del año 2010 del siglo veintiuno.

Es lamentable que un judicatura altamente politizada no aprecie el importe histórico de lo que está haciendo. Bien que llegara a absolver a Garzón, en última instancia, el daño a la credibilidad del Poder Judicial español y a la sociedad española ya se habrá producido.

Es una pena.

El Observador Incisivo
(The Trenchant Observer)

Véase también www.congarzón.com.

La defensa pide al Tribunal Supremo la absolución del juez Garzón

Thursday, June 24th, 2010

El Observador Incisivo

El escrito del abogado solicita el archivo de la causa por los crímenes del franquismo, como pide la fiscalía

El abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha pedido al Tribunal Supremo la absolución del juez en la causa abierta contra él por investigar los crímenes del franquismo. En el escrito de defensa presentado ayer, el letrado solicita la aplicación de la doctrina Botín, es decir, que no se abra juicio oral a instancias de la acusación popular, que ejercen Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ya que la fiscalía ha pedido el archivo de la causa.
–El País, 18 de junio de 2010

Véase también: el escrito de la defensa del juez Garzón.

Véase igualmente:

Manifiesto de Apoyo al Juez Garzón
www.congarzon.com

The Trenchant Observer (El Observador Incisivo), Análisis profundizado de los errores de Varela en el “Caso Garzón”, 20 de mayo de 2010, que contiene además una lista de artículos anteriores por el Observador.

El Observador Incisivo
(The Trenchant Observer)

observer@trenchantobserver.com
“trenchantobserv” en Twitter

Los comentarios son invitados.